Boletín para difusión inmediata:
CARTA ABIERTA A LA OPINIÓN PÚBLICA SALVADOREÑA
Una amenaza pende sobre el Archivo General de la Nación (AGN): la Señora
Secretaria de Cultura ha dado orden irrevocable de desocupar la mitad del espacio en
que funciona el AGN, en la primera planta del Palacio Nacional, sin destinarle otro
espacio para continuar funcionando, con lo cual pone en grave peligro el patrimonio
cultural albergado en el AGN y el edificio del Palacio Nacional.
La actual Secretaria de Cultura, Magdalena de Granadino, tiene entre sus proyectos
uno que implica reavivar la ciudad de San Salvador culturalmente hablando, llamado
“Viva el Centro”. Este proyecto tiene dos grandes problemas: el primero, que quiere
inaugurarlo en la primera semana de agosto, en el marco de las fiestas agostinas, o
sea en menos de un mes; y el segundo, que quiere hacerlo en un espacio desde hace
más de 40 años ocupado por el Archivo General de la Nación, que dicho sea de paso,
es también una instancia de la Secretaría de Cultura, bajo la Dirección Nacional de
Investigaciones en Cultura y Arte (DNI).
Por la premura con que se quiere inaugurar el proyecto, al AGN no se le han
solicitado informes técnicos sobre la factibilidad de la reducción de los espacios
ocupados por el archivo. Tampoco sabemos si la Dirección de Patrimonio Cultural ha
planteado que se trata de una edificación declarada Patrimonio Cultural del país, y
que por tanto su uso se rige bajo ciertas normas.
Sin diálogo previo y sin ninguna advertencia, la dirección del AGN recibió la primera
semana de julio la orden de desalojar el 50% del espacio que ocupa y de reducir su
funcionamiento a la otra mitad de la primera planta del Palacio Nacional.
Cumplir dicha orden significaría acumular la documentación histórica del país en
espacios no adecuados, y con ello poner en riesgo el patrimonio documental
salvadoreño, contraviniendo la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural; y la
salud de los empleados y las empleadas, ya que trabajar dentro de los depósitos
documentales saturados o en sótanos implica estar en condiciones de poca
luminosidad y en espacios de limitada circulación del aire, con ello se estaría violando el reglamento de relaciones laborales del órgano Ejecutivo, inciso cuatro, que, sobre
las condiciones de trabajo, señala que debe evitarse el sobreesfuerzo y hacinamiento.
También implicaría deshacer el trabajo de catalogación que se viene realizando desde
2011 y cerrar o limitar el servicio al público, con lo que se obstaculizaría la
investigación histórica de El Salvador indefinidamente. Esta situación pondría al
AGN en condiciones de incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información, que
obliga, en su Capítulo IV, a todas las instituciones púbicas a mantener los archivos
organizados y a garantizar el acceso de la ciudadanía a la documentación.
Finalmente, el Archivo General de la Nación no podría seguir siendo el depositario de
la documentación histórica que transfieren regularmente las demás instancias del
Estado, ¿a dónde irá a parar esa valiosa documentación?, ¿quién se encargará de
conservarla, organizarla y catalogarla?, ¿de qué manera el público, profesional de las
Ciencias Sociales, podrá consultarla para explicar la historia de nuestro país?
Los empleados y empleadas del AGN hacemos un llamado a los profesionales de la
historia y de las Ciencias Sociales, a las Universidades, así como a la ciudadanía en
general a defender el funcionamiento del Archivo General de la Nación y a exigir que
se garantice la preservación de una joya arquitectónica de principios de siglo XX como
es el Palacio Nacional.
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